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¿Constituye la ciudad un lugar de refugio para los ciudadanos desplazados?
Agnès de Geoffroy

El final de la Guerra Fría ha dejado un mundo fragmentado. El número de desplazados internos registrados aumenta de forma dramática desde el final de los años ochenta, reflejo de crisis complejas en las que la población civil se encuentra cada vez más expuesta.

En la era de la mundialización y de la intensificación de los intercambios comerciales a escala internacional, los desplazamientos forzados producidos por las crisis y los conflictos son el triste y oscuro reflejo de los tipos de movilidad considerados como ‘virtuosos’. Frente a estos desplazamientos forzados a nivel interno de un Estado, marcados por la obligación y la violencia, la comunidad internacional ha adoptado de forma progresiva una actitud caracterizada al mismo tiempo por el rechazo (cierre de las fronteras y estrategia de containment de las crisis), y una creciente voluntad de intervención (puesta en marcha de un sistema de respuesta al desplazamiento forzado, emergencia de un sentimiento de responsabilidad compartida de la comunidad internacional con el Estado en cuyo territorio se produce el desplazamiento). Desde finales de los años ’90, los desplazados internos (Internally Displaced Persons, IDPs) se erigen en una nueva categoría demográfica al ser objeto de una respuesta humanitaria específica pero también de nuevas políticas a nivel de los Estados afectados. El estudio comparado de los casos de Bogotá (Colombia) y de Jartum (Sudán) nos permitirá, en un primer momento, analizar la cristalización de esta categoría procedente de la esfera humanitaria y distinguir la fuerte influencia ideológica y política que preside su proceso de construcción en dos contextos nacionales. En un segundo tiempo, la comparación ha permitido toda la problemática que gira en torno a estos grupos en un contexto urbano, las diferentes gamas de actores que trabajan con ellos además de las estrategias adoptadas.