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¿Constituye la ciudad un lugar de refugio para los ciudadanos desplazados?
Agnès de Geoffroy

 

 Los desplazados, una categoría forjada por la esfera política

La Asamblea de las Naciones Unidas, tras un largo trabajo jurídico bajo la dirección de Francis Deng que consistía en reunir las diferentes normas existentes que pueden ser aplicadas a las situaciones de desplazamiento forzado, finalmente ha adoptado, en 1998, los Principios Directores, en los que se puede encontrar una definición amplia y consensuada del término IDP. Estos esfuerzos de estructuración jurídica vienen acompañados de la elaboración de un sistema de respuesta humanitaria a estas crisis, en las que, sin embargo, la primera responsabilidad del desplazamiento forzado a escala nacional es aún considerada como perteneciente al Estado en cuyo territorio se produce dicho desplazamiento. De esta forma, la categoría de ‘IDP’ presenta desde su aparición una profunda ambigüedad y suscita vivas tensiones entre los ámbitos internacional y nacional en términos de responsabilidad, de poder de intervención y de decisión. Por otra parte, hay que señalar que esta noción es revisada, modificada, ampliada o reducida en los contextos nacionales, en función de las diferentes problemáticas y decisiones políticas. Desde 1997, ha sido adoptada en Colombia una ley relativa a los IDP, que ofrece una definición legal, y por lo tanto vinculante, de las personas que deben ser consideradas o no como desplazados. La cuestión de saber quién es reconocido o no como desplazado es crucial ya que el estatuto de desplazado da acceso a un sistema de ayuda y a derechos especiales. La definición del desplazado es, por ello, dirigida de forma estrecha y los criterios de definición se encuentran en continua evolución, reflejando las decisiones y tomas políticas de posición del poder ejecutivo. Así, el no reconocimiento de las personas desplazadas a causa de las fumigaciones y de la puesta en marcha de grandes proyectos agrícolas, además de la tentación creciente de no reconocer a las personas desplazadas por lo paramilitares intentan conferir una validez a ciertas decisiones en materia de política exterior (cooperación con los Estados Unidos en el contexto del Plan Colombia) e interior (política de ‘Justicia y Paz’ llevada a cabo, desde su ascensión a la presidencia, por Álvaro Uribe, que defiende la alternativa de la negociación con los grupos paramilitares y de su desmovilización).

En Sudán, la situación es completamente diferente. Bajo las repetidas y crecientes presiones de la comunidad internacional, el régimen sudanés ha consentido progresivamente en reconocer el problema del desplazamiento forzado. Las relaciones que Sudán mantiene con los países occidentales son, cuanto menos, agitadas, y el tema de los desplazados ha propiciado en ocasiones conciliadores discursos de espiación. Sin embargo, las decisiones políticas respecto a este tema se muestran muy evasivas y de poca aplicación. Desde los años ochenta se han creado varias instituciones que han venido sucediéndose unas a otras sin una real eficacia. Los criterios empleados para definir e identificar a los ‘desplazados’ (llamados naziheen en lengua árabe-sudanesa) han cambiado en función de las épocas y de los actores. El criterio tribal, así como el origen geográfico, han prevalecido durante largo tiempo. Para la gran mayoría de los sudaneses, se considera como desplazados los habitantes procedentes del sur de Sudán instalados en el norte y, más recientemente, una parte de los habitantes de Darfur instalados en Jartum. La cuestión de la causa del desplazamiento no es abordada y se considera que una persona es o no un naziheen sólo a partir de criterios físicos, en razón de una evidente vulnerabilidad social, en función de la fecha de llegada al norte o en función del lugar de residencia (barrios periféricos de la ciudad, campos de desplazados). El trabajo realizado recientemente con motivo de la adopción de un nuevo decreto de política interior sobre el tema de los desplazados internos no ha sido concluyente en lo referente a dicha noción. Pese a los esfuerzos de organizaciones internacionales para estimular, acompañar y aconsejar al gobierno en este proceso de reflexión y de decisión, la versión definitiva resulta tan ambigua que, dependiendo de la interpretación que se le dé, podría afectar a una gran parte de la población sudanesa o, por el contrario, verse reducida a una mínima parte de ésta. En ella no se hace referencia alguna a las situaciones de conflicto armado o de violación de los derechos humanos, ni a las convenciones internacionales, ni a los Principios Directores y se define a los desplazados como aquellos individuos o grupos de individuos que se han visto forzados u obligados a abandonar su hogar en virtud de, o para evitar, las consecuencias de un desastre natural o provocado por el hombre, y que se han trasladado a otros lugares de Sudán. El alcance y la utilidad de este documento debería, por lo tanto, ser comparable a los precedentes compromisos adquiridos por el gobierno sudanés respecto a los desplazados y no debería inducir un cambio de estrategia.