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La jurisdicción universal, ¿una vía para acabar con la impunidad de Israel?
Francisco Rey Marcos

Mientras las informaciones sobre los crímenes cometidos por Tsahal durante la reciente ocupación de Gaza se multiplican, resulta importante tomar un poco de distancia para estudiar las diferentes vías legales que se ofrecen para evitar que estas acciones queden una vez más impunes.

Tras la guerra de Gaza y las más que evidentes pruebas de que el ejército israelí ha cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario (DIH) y, por tanto, crímenes de guerra, se ha abierto el debate sobre sus posibles responsabilidades jurídicas internacionales y sobre las posibilidades de iniciar pleitos que investiguen y, en su caso, castiguen dichas violaciones. Las perspectivas de éxito de algunas de las iniciativas que se están poniendo en marcha no son muy optimistas pero, no olvidemos, que los caminos de la justicia penal internacional son largos y tortuosos y que tampoco Pinochet o Milosevic pensaron nunca que pudieran ser juzgados por sus exacciones. Y que, además, estamos en los primeros días de puesta en marcha de estas iniciativas.

Lo primero que hay que señalar es que las evidencias sobre la comisión de crímenes de guerra son hasta ahora abundantes y, por ello, hay base jurídica firme para iniciar procedimientos de sanción de estos hechos. Los ataques indiscriminados contra población civil, el uso de armamento como las bombas de fósforo blanco, el ataque deliberado a edificios de los Naciones Unidas o a ambulancias y personal de la Media Luna Roja y otras ONG, por poner sólo los ejemplos más notorios, constituyen todos ellos violaciones graves de los Convenios de Ginebra que deben, al menos, ser investigadas. Ahora bien, ¿quién debe iniciar estos procedimientos? ¿qué organismo tiene competencia para ello?, ¿quién le pone el cascabel al gato?. Hace pocas semanas Richard Falk relator especial de derechos humanos de la ONU en Gaza declaró que "la evidencia de la violación de la ley humanitaria es tan clara que no tengo ninguna duda de la necesidad de una investigación independiente". Y Falk, que además es de religión judía, instó a la comunidad internacional a emprender medidas de sanción. El propio Secretario General de la ONU Ban Ki-moon ha hablado en términos genéricos de que Israel debe rendir cuentas ante instancias judiciales pero no ha concretado cuales. Las cosas, al menos, parecen moverse.

El Fiscal Moreno Ocampo se ha apresurado a decir que la Corte Penal Internacional (CPI) no es competente en este caso, ya que Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, y tampoco se ha abierto la otra posibilidad para el trabajo de la CPI, que sería una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU instando al fiscal a abrir investigaciones. Siendo eso cierto, las cosas son más complejas y existen algunas posibilidades. La primera, bastante original y atrevida, es investigar a aquellos soldados israelíes que tienen doble nacionalidad –siendo la otra de un estado firmante de la CPI- y que por tanto están bajo su jurisdicción. Al parecer, estos casos existen y aunque parece complicado y no existen precedentes, da una vía a las organizaciones de derechos humanos para mantener viva la llama del interés por lo que pasa y pasó en Gaza, y presionar para que se continúe la investigación de los posibles hechos constitutivos de delito.