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Sudán, la Corte Penal Internacional y la acción humanitaria: relaciones arriesgadas
D.M

En un momento en el que los jueces de la Corte Penal Internacional deberían pronunciarse sobre la inculpación eventual del Presidente sudanés Omar Al-Beshir, lo que está en juego así como sus consecuencias son importantes para la seguridad del personal humanitario y de la sociedad civil sudanesa, la solución de la larga crisis de Darfur y la credibilidad de la Corte Penal Internacional. ¿Será la inculpación una decisión inevitable pero arriesgada?

La justicia internacional ha entrado en una lógica de rechazo de toda impunidad « haciendo referencia por dos veces al buen recuerdo de sus verdugos » [1] en menos de 15 días: la primera, el 14 de julio de 2008 por medio de la demanda de inculpación Presidente sudanés Omar Al-Beshir, pronunciada por el Procurador Luis Moreno Ocampo, y la segunda, el 21 de julio con ocasión de la detención de Radovan Karadzic, antiguo jefe político de los serbios de Bosnia. Primera observación: la justicia internacional no actúa únicamente contra los dirigentes africanos [2] . Segunda observación: el caso sudanés provoca un huracán de reacciones e interrogaciones en los medios políticos, jurídicos, universitarios y humanitarios.

Por un lado, la creación de la Corte Penal Internacional ha introducido un cambio mayor en las relaciones internacionales, verdadero objetivo del concepto de justicia penal internacional. Desde 1998, ya no existe ningún refugio irrevocable para los autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o crímenes de genocidio, y todos podemos alegrarnos de ello. Por otro lado, la apuesta por una inculpación del Presidente sudanés es arriesgada respecto a las consecuencias en términos de seguridad del personal humanitario y de la sociedad civil. Si los jueces de la Corte Penal Internacional confirman la orden de detención dictada por el Procurador contra Omar Hassan Al-Beshir, las represalias pueden llevar a una degradación acelerada de las condiciones de vida en Darfur, una imposibilidad de hacer llegar la ayuda humanitaria hasta la población civil, así como el derrumbamiento del ya precario Acuerdo de Paz de Darfur, que provocaría por su parte el del Acuerdo de Paz Global, al que ya se ha maltratado bastante.
La apuesta por la inculpación resulta así arriesgada, con la lucha a toda costa contra la impunidad emprendida por la justicia internacional en un plato de la balanza y la seguridad de la sociedad civil y de los actores humanitarios en el otro. Más allá de la cuestión de un derecho internacional intangible (concepto de no impunidad), se plantea la cuestión sobre la pertinencia de la decisión judicial en vista del contexto y de sus consecuencias. El dilema justicia/seguridad conduce hasta dos interrogaciones principales:

  • ¿se puede poner en peligro la vida del personal humanitario y arriesgarse a agravar los conflictos a consecuencia de una decisión judicial desconectada del contexto, o se debe seguir poniendo esperanzas en la negociación?
  • el principio jurídico de lucha contra la impunidad, ¿es más importante que el concepto de seguridad de la población civil y del personal humanitario? La posibilidad de una inculpación del Presidente sudanés implica, por último, la necesidad que las ONG tienen de definir su relación respecto a la Corte Penal Internacional, entre independencia de acción, no politización pero también creencia en la lucha contra la impunidad, sobre todo en lo que se refiere a los actores presentes en Darfur, región que sufre desde hace un gran número de años.

[1] Mamou, Sopo et Soskin, rúbrica « Débats », le Monde edición del 10 de agosto de 2008.

[2] Respecto a las numerosas polémicas en las que se acusa a la Corte Penal Internacional de no juzgar más que a dirigentes africanos sin mostrar interés por otros conflictos (Irak, Afganistán, territorios palestinos ocupados).