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Estrategias de lucha contra la red de los opiáceos en Afganistán: ¿Estamos en el buen camino?
Charlotte Dufour - Domitille Kauffmann - François Grünewald

 

Los otros frentes de la lucha antidroga

Además del desarrollo, la estrategia nacional de lucha contra la droga se funda en acciones de erradicación, prohibición y represión, de educación y sensibilización de la población y de tratamiento de la toxicomanía.

El sujeto de la erradicación ha levantado vivas polémicas durante bastantes años. Aunque los efectos negativos, e incluso contraproducentes, de la erradicación cuentan con una vasta documentación – riesgo de empobrecer aún más a los campesinos, de alimentar un resentimiento contra el gobierno y la comunidad internacional, de reforzar el apoyo prestado por la población a la insurrección y de incitar a los campesinos a producir adormidera con el fin de percibir una compensación –, esta estrategia ha sido ampliamente utilizada y promovida en Afganistán durante la última década, con poco éxito y escaso efecto sobre la producción de opio. Desde 2005, ha sido erradicada entre el 4% y el 10% de la producción potencial de opio. En 2007, la erradicación ha afectado al 4% de la superficie en un número limitado de provincias (17 en 2008, 12 en 2009). La reducción de las superficies erradicadas puede explicarse, en parte, por un cambio, a partir de 2007, en la estrategia concerniente a la erradicación, pero también gracias a la inseguridad que prevalece en el sur y el oeste del país, donde se concentra la mayor parte de la producción. Actualmente, la erradicación – que durante largo tiempo ha sido fomentada por los americanos – ha dejado de ser la prioridad en las estrategias de los actores. La erradicación debe ser limitada a las zonas y campesinos que disponen de alternativas claras para satisfacer sus necesidades. El objetivo es el de vincular un riesgo real al cultivo de la adormidera e influir así en la toma de decisión de los campesinos y hacerles vacilar a la hora de plantar amapolas.

Las acciones de prohibición y represión se proponen penalizar el tráfico y los sectores previos de la cadena de producción por medio de embargos de mercancías (drogas y precursores químicos) y la detención y condena de actores incriminados. Con el apoyo de acciones de refuerzo de la cooperación internacional y regional en las fronteras y las capacidades de la policía y del sistema judicial, estas actividades han obtenido ciertos resultados: el embargo de drogas y precursores ha aumentado de forma notable, así como el número de detenciones. Algunos criminales de « alto rango » en el tráfico de drogas han sido encarcelados. Sin embargo, estos resultados son de lenta progresión, ya que i) los grandes traficantes de drogas a menudo forman parte o mantienen relaciones con la esfera política, ii) las redes de tráfico de drogas son extensas y reactivas: se adaptan fácilmente a nuevas restricciones, iii) la colaboración entre los Estados no resulta fácil: existe una gran desconfianza a la hora de intercambiar informaciones estratégicas, iv) los riesgos a los que están sometidos los jueces y el sistema judicial son importantes y algunos se desaniman, v) la ley contra la droga no es la adecuada: no distingue entre un pequeño traficante, un simple intermediario en el tráfico, y un magnate de la droga a la cabeza de toda una red.

La sensibilización y la educación necesitan la puesta en marcha de campañas mediáticas y de comunicación entre los jóvenes y en las escuelas. Estas actividades, que cuentan a menudo con una mala planificación – poca coordinación con las otras actividades de lucha antidroga, escasa colaboración con los jefes locales – y una puesta en práctica a pequeña escala, no han tenido hasta el momento más que un impacto reducido.

El abuso de las drogas es un problema cada vez más importante en Afganistán que se extiende a nuevos sectores de la población, entre los que hay que destacar la juventud : según los cálculos, el número de consumidores de opio rebasaría la cifra de un millón. Desde 2003, la oferta de tratamientos se encuentra en pleno desarrollo, se abren nuevos centros de desintoxicación y se ponen en marcha nuevos programas de reintegración. Sin embargo, los centros actuales no son suficientes para responder a las necesidades y su financiación a largo plazo aún resulta incierta. Además, la oferta de tratamientos es incompleta y no propone ninguna ayuda a la reinserción, como la formación o la ayuda en la búsqueda de trabajo, incluso si el desempleo parece ser la causa del 20% de las recaídas.