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La responsabilidad de proteger (r2p): estado de la cuestión
Béatrice Pouligny

 

 ¿Hacia la aplicación del principio? Principales cuestiones pendientes

Los principales interrogantes se refieren, de hecho, a su operacionalización. Si muchos reconocen que la R2P ha influido sin lugar a dudas en un número cada vez mayor de discusiones y procesos de toma de decisiones, las principales cuestiones operacionales quedan pendientes: ¿quién decide? ¿quién actúa? ¿qué acción llevar a cabo? Respecto a esto, no ha habido una verdadera evolución desde el informe de la CIISE que preconizaba el desarrollo de guidelines que tratarían de forma clara estas cuestiones. A lo largo de la última década, se han perdido numerosas ocasiones para probar la eficacia concreta de la R2P.

  • Casos de aplicación y criterios de decisión

Más allá de la evolución de las conciencias y los discursos, la doctrina de la R2P no ha podido emanciparse respecto de las inconsistencias, hipocresías e instrumentalizaciones que caracterizan el mecanismo de gestión (o no gestión) de las crisis a nivel interestatal. Las dudas que algunos aún mantienen respecto del uso que podría hacerse de la R2P son comprensibles en vista del uso que ciertos actores estatales han hecho de esta noción para justificar ciertas expediciones militares que no se acogen a él (breve uso retroactivo de la noción por parte del Primer Ministro británico, Tony Blair, a propósito de la invasión de Irak; tentativa rusa de justificar la invasión de Osetia del Sur en el verano de 2008) o para ampliar su campo de aplicación. Un ejemplo de este último caso lo encontramos en la violenta polémica entre los responsables franceses y de la ONU durante el ciclón Nargis en Myanmar, en 2008. Episodios como éstos tienden a reforzar la posición de los anti-intervencionistas que hacen hincapié en la responsabilidad esencial del Estado en cuestión. Los partidarios de la noción se muestran firmes: la R2P no puede aplicarse más que para los cuatro casos previstos por el documento de 2005 (genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad). Estos puntos constituyeron una vez más el centro de las preocupaciones expresadas por ciertos Estados miembro durante la Asamblea General.

  • Instancias y modalidades de decisión

La cuestión de los papeles respectivos de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, y la imposibilidad de hacer prosperar cualquier tentativa de reforma de este último, influyen también en la posibilidad de alcanzar un consenso para actuar en caso de crisis seria, incluso a título preventivo. El caso de Sudán, entre otros, ha sido una constante ilustración de este hecho durante los últimos años. La cuestión de la legitimidad de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es nada nuevo, pero no ha dejado de acentuarse con los años, de la misma forma que la posición de sus miembros permanentes que se desentienden de tales decisiones en función de sus propios intereses. El papel de las organizaciones regionales es reclamado con insistencia creciente por los partidarios de la R2P pero, una vez más, se topan con la ausencia de pruebas de su capacidad efectiva de acción en situaciones concretas.

  • Las modalidades de intervención y el recurso a la fuerza

La R2P ha sido confundida, desde sus orígenes, con la intervención militar. A causa de ello, a menudo la cuestión del recurso a la fuerza ha monopolizado los debates. Incluso si, hoy en día, los partidarios de la R2P se centran en la prevención pero también en los demás modos de intervención (como la mediación) y de coerción (tanto sanciones como medidas jurídicas, especialmente con la Corte Penal Internacional, cuyo papel puede resultar polémico a ojos de ciertos países del Sur), un gran número de discusiones se limitan, de hecho, a la utilización de la fuerzas armada. Esta cuestión es antigua; ya se encontraba presente durante las consultas de la CIISE, hace aproximadamente una década. En aquel entonces, la discusión trataba esencialmente de la aplicación de una serie de criterios para el recurso a la fuerza en el contexto de una resolución de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, o incluso para una estrategia concreta para cada caso particular.

En otros términos, los progresos respecto a las modalidades de aplicación de la R2P son escasos. En un futuro inmediato, el Secretario General se propone crear un servicio conjunto para la R2P y la prevención de los genocidios – un proyecto que ya había intentado, en vano, realizar tras su toma de funciones. Dicho servicio se encargaría principalmente de un trabajo de información y seguimiento de las situaciones de riesgo.