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Puerto Príncipe, catástrofe urbana – crisis humanitaria
Béatrice Boyer

 

 Los impactos del seísmo sobre la ciudad han sido catastróficos.

En un país y un contexto social, urbano y medioambiental ya de por sí bastante fragilizados y con un control escaso por parte de los poderes públicos, los daños resultan considerables. Las causas son numerosas y de naturaleza diferente:

La proximidad de las zonas urbanas respecto al epicentro del seísmo ha producido impactos de gran importancia.

No sólo se han visto afectados barrios enteros y un elevado número de edificios de la ciudad, que han resultado más o menos destruidos, sino que, desde entonces, la ciudad se encuentra paralizada en lo que respecta a sus funciones vitales. Más de mil campamentos en estado precario de supervivencia (entre unas decenas y varios cientos de tiendas de campaña por campamento) se formaron de manera espontánea, sobre el principio de la auto-instalación, en la ciudad de Puerto Príncipe y en el conjunto de las zonas urbanizadas del litoral suroeste de Haití, en todos los espacios públicos o privados libres (calles, plazas, avenidas, parques públicos, terrenos privados, zonas no edificables en pendiente, hacia el interior, o zonas de desperdicios, hacia la costa). A ello hay que añadir la complejidad de la situación producida por la acumulación de los escombros en las vías públicas, impidiendo, en ocasiones, toda circulación en función del ritmo de su evacuación, un auténtico quebradero de cabeza para todos. La situación física de la ciudad ha sido tan caótica (magnitud de los daños, amontonamiento de despojos en el emplazamiento de los edificios destruidos o sobre las vías públicas, difícil acceso a ciertos barrios, zonas de riesgo) que el lanzamiento mismo de la reconstrucción ha requerido cierto tiempo para preparar tanto las mentalidades como el terreno. El terremoto no ha hecho distinción entre barrios ricos formalizados y barrios pobres ilegales y el centro antiguo de la ciudad se ha visto tan afectado como los barrios periféricos.

La ausencia de control del tejido urbano en Haití y las flaquezas de las normativas en materia constructiva son causa de la multiplicación de los impactos devastadores del seísmo.

La imbricación de volúmenes edificados mal construidos y funciones urbanas mal o no gestionadas en absoluto, o bien casi inexistentes, ha provocado una serie de consecuencias en cadena, tanto a causa de las sacudidas como de la irresponsabilidad de la gestión de las construcciones en Haití. Dichas sacudidas han destruido un gran número de edificios no parasísmicos (entre los que figuran ministerios, escuelas, casas particulares) provocando la muerte de los ocupantes (algunos de los cuerpos se encuentran aún bajo los escombros meses después del seísmo). Los supervivientes han tenido que terminar de demoler las ruinas, demasiado peligrosas, que impiden sobre todo la reconstrucción in situ, o incluso la simple instalación de una tienda de campaña o de un refugio de transición. Esta actividad de demolición y acumulación de escombros en la vía pública ha producido una parálisis del despliegue de la ayuda. En cuanto a los escasos sistemas y servicios urbanos básicos (vías públicas, depósitos, canalizaciones de abastecimiento y puntos de distribución de agua, recogida de desechos, infraestructuras urbanas, protección de las corrientes de agua, escuelas, etc.), la mayoría se encuentra fuera de servicio, mientras que los barrios que no han sufrido escasos impactos directos (por encontrarse al margen de los ejes de actividad sísmica) sufren degradaciones causadas por la afluencia de supervivientes, que ocupan calles y espacios públicos.
Con seísmo o sin él, las autoridades técnicas y administrativas locales no controlaban ni la urbanización ni las condiciones de construcción. La magnitud y multiplicidad de los efectos de la catástrofe revelan disfunciones previas a la catástrofe. La gobernanza urbana, tanto municipal como metropolitana, es escasa o ineficaz, los servicios básicos y sistemas socio-urbanos insuficientes, ausentes u objeto de recientes y frágiles decisiones comunitarias, como los comités de gestión del agua en los barrios desfavorecidos [1] que comenzaban a dar frutos antes del seísmo. Las diferentes situaciones inmobiliarias – en su mayoría inextricables – no sólo representan un obstáculo para un desarrollo racional, sino que crean zonas urbanas extremadamente vulnerables. A las situaciones de ilegalidad, precariedad e inseguridad hay que añadir la ausencia de una gestión de riesgos y una legislación adecuada. Además, el no intervencionismo en las prácticas constructivas o la ausencia de aplicación de normas existentes (localmente, el riesgo sísmico no era considerado como real) son el origen de dicha fragilidad y del desorden urbano previo al seísmo, ilustrado por la incapacidad de las administraciones haitianas para dar instrucciones rápidas y claras para la reconstrucción.

¿Incompetencia, falta de medios y/o corrupción?

Las ciudades resultan ser una mezcla de estratos históricos, imbricación de elementos físicos y culturales, yuxtaposición de sistemas y desórdenes. El equilibrio entre organización espacial, funcionamiento sistemático, modos de gobierno adaptados, particularidades geográficas propicias o de riesgo representa una compleja alquimia que depende fundamentalmente de la política que es aplicada. Ahora bien, en Haití, esta urbanización procede de fenómenos históricos polémicos, de políticas muy a menudo despreocupadas por el interés general. Los mismos haitianos hablan de la tendencia del gobierno a dejar a cada uno a merced de las circunstancias, en una huída hacia adelante por la supervivencia. Para los agentes de la ayuda internacional, llegados tras el seísmo, resulta difícil tener una visión clara y global, con mayor razón cuando la catástrofe ha golpeado de lleno el conjunto metropolitano de Puerto Príncipe, una ciudad en la cual la inseguridad, presiones de la urbanización, ocupaciones ilegales, riesgos medioambientales, complejidad del tejido religioso, arreglos de cuentas y libre albedrío son la regla general.


[1] Los Komité Dlo fueron creados hace unos quince años y asistidos por los esfuerzos de gestión realizados por la administración de gestión del agua (DINEPA, Dirección Nacional del Agua Potable y el Saneamiento), el organismo de distribución (CAMEP, Central Autónoma Metropolitana de Agua Potable), las comunidades locales de la sociedad civil en los barrios y una ONG francesa de apoyo al desarrollo (GRET, Grupo de Investigación e Intercambio Tecnológicos). Todos ellos se encontraban en fase de consolidación de las acciones y mecanismos de representación justo antes del seísmo, con un proyecto federativo.